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Las muertes por amianto siguen creciendo en España trece años después de su prohibición

fotoCARLOS CAMINO

Eusebio Pabola Aguirre falleció a los 72 años cuando apenas nacía el mes de febrero. En su esquela aparecida en la prensa se puede leer “víctima del amianto”. La muerte blanca sigue esparciendo su sello entre trabajadores, familiares, o habitantes cercanos a las fábricas en las que se utilizaba o se producía este aislante, cuya prohibición en España se produjo hace ya 13 años.

Amianto, asbesto, uralita… Polvo blanco que inundó el mundo en el siglo XX y que no fue prohibido hasta finales casi principios del siguiente en los países occidentales. Su huella queda de recuerdo en muchas construcciones antiguas, con jardineras o tejados fabricados con este aislante y cuyo polvo puede causar enfermedades como el mesotelioma, un tipo de cáncer raro ligado casi exclusivamente a la exposición al asbesto.

“Vamos a fallecido por semana”, se lamenta a ZoomNews Patxi Kortazar, de la asociación ASVIAMIE de afectados por el amianto en el País Vasco, en la que era compañero de Pabola. Kortázar, 61, trabajaba en una fundición y por su contacto con el amianto se vio afectado por esta enfermedad a los 49.

Kortazar dice que su vida hoy en día se reduce a “doce horas cargando la pila, para poder vivir el resto”, debido al cansancio que le produce esta enfermedad. Este afectado por el amianto no lo ha tenido fácil. En 2003 se hizo unas pruebas en la que le detectaron el problema, sin embargo, explica que su mutua escondió el informe hasta que empeoró en 2006. Kortazar se ha enfrentado durante muchos años a un proceso judicial para que se le reconociese su enfermedad profesional. “Tú tienes que demostrar donde has cogido la enfermedad”, explica Kortazar, que denuncia que muy pocos casos consiguen reconocimiento.
“Muchas mujeres se han enfermado sin haber pisado nunca una fábrica. Simplemente por lavar la ropa de sus maridos, pero no consiguen reconocimiento de su enfermedad por parte del Estado”, añaden desde ASVIAMIE. Otros trabajadores tienen que luchar también para el reconocimiento de su enfermedad, tal y como explica Ramón Tojeiro, presidente de Agavida: “El trabajador tiene que demostrar que en su empresa había amianto, pero después de décadas [lo que tarda en desarrollarse la enfermedad, ndr] hay muchas que ya no existen”. ”Hemos conseguido la promesa de la creación de un cuerpo jurídico para investigar estos casos”.

Agavida centra su trabajo en Galicia, un lugar especialmente afectado por los efectos del amianto, debido a la presencia de los astilleros. Tojeiro estima en 150 las personas que fallecen cada año en la comarca de Ferrol por enfermedades relacionadas con este aislante.

Una legislación polémica

Por casos de cáncer relacionados por asbesto han muerto muchos bomberos y policías que sobrevivieron a los atentados del 11-S, debido a las 1.000 toneladas de amianto que aislaban las Torres Gemelas. Una cantidad ínfima comparada con los entre dos o tres millones de toneladas del aislante que se calcula que entraron en España en el siglo XX.

La legislación española prohíbe el amianto desde 2002. Sin embargo, el número de muertes por causas relacionadas con el amianto seguirá creciendo hasta 2040. Entre los años 2016 y 2020 se estima que fallecerán 1.319 personas debido a este tipo de cáncer, según un estudio realizado por investigadores del Instituto de Salud Carlos III, el Consorcio de Investigación Biomédica de Epidemiología y Salud Pública y el Ministerio de Sanidad.

“Los estudios dicen que habrá muertes hasta 2040, pero puede que vaya más allá”, explica Kortazar. “Hay muchos pabellones con amianto y lugares donde la gente busca chatarra. La asbestosis es una enfermedad que puede detectarse hasta 40 años después de contraerla, pero no estamos concienciados sobre esto”, añaden desde ASVIAMIE.

En la Alemania nazi ya se conocían nexos entre el amianto y el cáncer. En 1976 era la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer la que lo admitía. Sin embargo, España tardaría 26 años en prohibirse definitivamente. Empresas como Uralita se han defendido en algunos juicios alegando que adoptaron la legislación vigente en aquel momento en España. “Me pregunto cada día si yo me hubiese puesto enfermo si la prohibición hubiese sido en los años 70”, explica Kortazar.

La prohibición se produce en 2002, pero “hasta 2006 no hubo mucho control en la retirada del amianto”, explica Tojeiro. Incluso en la actualidad, desde Agavida se lamentan de la dejadez en estos procesos y declaran que ellos mismos son los que denuncian cuando encuentran amianto.

Sentencias dispersas por España

En España existen varias sentencias millonarias relacionadas con el amianto. Uralita fue obligada a pagar 1,7 millones de euros a 23 trabajadores de su fábrica de Getafe, en Madrid, o a 4 millones a medio centenar de vecinos de Ripollet y Cerdanyola, en Cataluña. Sentencias aisladas, lejos de otros procesos conjuntos europeos similares a los casos de España. La sentencia con más repercusión en nuestro país fue la de Unión Naval en Valencia, que acabó con una indemnización de 11 millones de euros a 71 víctimas de enfermedades relacionadas con este material.

Los tribunales en España, sin embargo, consideran que los casos asintomáticos no pueden ser condenados. Además, no se han pronunciado sobre la posibilidad de indemnizar la incertidumbre de desarrollar alguna enfermedad relacionada con el amianto.
Más allá de los procesos judiciales, las organizaciones de afectados reclaman un fondo de compensación como existe en otros países de Europa. Tojeiro pone la pelota en el tejado de los sindicatos, ya que cree que en este caso “no han estado a la altura de las circunstancias”, pero “resultan totalmente necesarios para llegar a grandes acuerdos con el Estado. Nosotros no buscamos dinero, buscamos que quién haya ocultado esto, que lo pague”.

En Italia, el caso Eternit – el nombre comercial del asbesto en Italia - acabó con penas de prisión para dos millonarios suizos propietarios de las fábricas, que fueron condenados a pagar unos 30.000 euros de media a cada afectado, además de 64 millones de euros a diversas instituciones transalpinas, como a la seguridad social o a los consistorios de localidades afectadas porque disponían de fábricas de este material en su suelo.

En España todavía existen multitud de restos del amianto. Su deterioro significa el aumento de riesgo de cáncer. Factores como los elevados precios de la retirada segura de estos materiales, que continúan agrietándose en hogares, descampados y vertederos de España, aumentan la posibilidad de que crezcan los afectados de las muertes blancas.


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