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“La acción de lobby de la industria del amianto en diversos ámbitos geográficos ha logrado frenar leyes que perjudicaban sus intereses”

Hablábamos de la corrupción de muchos de los estudios epidemiológicos. Antes tocaba el tema de pasada, es importante. Empiezo por lo más básico. ¿Qué es un estudio epidemiológico en nuestro caso?

Un estudio epidemiológico puede consistir, por ejemplo, en comprobar si una cohorte de trabajadores de una determinada industria, presenta, o no, una tasa de incidencia de cáncer pulmonar, superior a la correspondiente al conjunto de toda la población, que se toma como referente de fondo, y un estudio epidemiológico, viciado de origen, es aquel en el que, por ejemplo, el intervalo temporal de seguimiento ha sido escogido, haciéndolo lo suficientemente corto, como para que la patología no haya tenido tiempo de aflorar, según su habitual tiempo de latencia, esto es, entre el inicio de la exposición, y el diagnóstico o la aparición de los primeros síntomas. Ese tiempo de latencia, se lo conoce de antemano, con carácter general. En esas condiciones prefabricadas, obviamente, la evidencia epidemiológica nunca llegará a estar presente al cierre del estudio. Años después, la situación habrá cambiado dramáticamente, pero los datos correspondientes ya no estarán recogidos en ninguna parte, o en todo caso, no en el susodicho estudio. Esto no es una mera posibilidad teórica. Esto ha sucedido realmente, en repetidas ocasiones.

¿Nos puede dar algún ejemplo?

Bueno, ya lo he hecho, al referirme a desenmascaramiento llevado a cabo por el doctor Selikoff, como se podrá ver más adelante; dejemos algo para los que me compren el libro, ¿no le parece?

Me parece, tiene razón. ¿Cómo se logra corromper un estudio de estas características?

Contratando a investigadores serviles, acomodaticios o claramente corruptos. Ésa es la clave. Lo demás, son “trucos del oficio”, que con ligeras variantes o sin ellas, se repiten reiteradamente.

Pero la comunidad científica implicada no rechaza a estos miembros tan poco científicos… ¿Conoce algún caso concreto?

Pues claro que sí los rechaza, y por la denuncia pública que se hace es por lo que se llegan a conocer estos casos, y es que (y aquí está la clave de la cuestión), el público profano no suele saber distinguir entre verdadera ciencia y “ciencia basura”. Estos trabajos no se publican para que el resto de la comunidad científica los dé por buenos, aunque adopten la apariencia de estudios serios, sino para que jueces legos, políticos proclives, opinión pública en general, o sindicatos más o menos gualda, los tomen por “la biblia” del conocimiento científico “moderno”, ya que precisamente el desgastado argumento que se utiliza contra el resto de la producción científica solvente, es el de tacharla, masivamente, como de “desfasada”, de “obsoleta”. Es el añejo truco del felizmente desaparecido “Instituto del Crisotilo”, y de los que actualmente, en Rusia, en Brasil, en Colombia, etc., siguen con lo mismo.

¿Son frecuentes estas corrupciones crematísticas o son casos muy aislados?

En asociación con determinados investigadores e incluso con determinadas instituciones científicas, no es que sean casos aislados, sino es que lo son todos, o casi.

Le interrumpo. ¿Qué instituciones científicas, a quien está haciendo referencia?

Pues, notoriamente, a la canadiense Universidad McGill, aunque últimamente, por fortuna, la situación ha cambiado. Pero también otras instituciones de investigación han estado contaminadas en el pasado. Son situaciones que a la larga resultan insostenibles por la presión de la denuncia del resto de la comunidad científica. ¿Pero eso garantiza que una empresa demandada, no vaya a exhibir ante un extasiado juez, trabajo alguno de esa procedencia?

Excelente pregunta.

Pues, evidentemente, no. En España, la empresa Uralita, en más de un litigio, ha llegado a esgrimir engendros emanados del propio “Instituto del Crisotilo”, presentándolos, con énfasis, como si se tratara de una acreditada autoridad científica, y lo ha hecho, evidentemente, porque confiaba en una exitosa acogida por parte de quienes habían de emitir el veredicto, y porque, por el contrario, no contemplaban la eventualidad de que nadie les pusiera las orejas coloradas por ello, pero, evidentemente, para quienes mínimamente supieran de qué iba todo esto, quedaron peor que Cagancho en Almagro, que toreó tan mal, que el público quemó la plaza de toros.

Los toreos no es lo mío; mejor dicho: las corridas de toros no es asunto que me apasione. Prosiga con el punto anterior por favor

De acuerdo. Si, por el contrario, nos referimos a la totalidad de la comunidad científica, obviamente se trata de casos aislados, sobre todo porque esa misma comunidad científica ya se preocupa de alertar y de denunciar. Además, cada vez son más las publicaciones que exigen una declaración previa de inexistencia de intereses comunes, de contratación o de patrocinio, pero ni siquiera eso basta, puesto que ya ha habido quien ha tenido la suficiente jeta como para negarlo primero en Canadá, para después vanagloriarse de ello en el Reino Unido, en relación al mismo artículo publicado.

Se impone un ejemplo de esto que denuncia

Va usted a conseguir que en lo sucesivo nadie me compre el libro, porque ya se conozcan todos los detalles jugosos (es broma).

Son adelantos, para estimular la lectura de su libro que, desde luego, es imprescindible.

El desvergonzado proceder que antes he descrito está reflejado en mis textos. Me auto-cito: “Es lo que se relata en Epstein (1993), a propósito de una observación del Consejo de Investigaciones Científicas del Canadá, que descubrió la falacia de un determinado estudio, que les llamó la atención porque el mismo trabajo que había aparecido en el país, como publicado con la única financiación de una universidad, sin embargo, se publicó posteriormente en Inglaterra, y en esa ocasión, en los agradecimientos del investigador, éste manifestaba que ese estudio hubiera sido imposible hacerlo, sin la financiación de la Asociación de Empleadores Mineros de Quebec”. Esa Asociación era, evidentemente, de las empresas canadienses de la minería del asbesto.

¿Conoce usted algún caso de este tipo de corrupción en nuestro país de países?

Estrictamente no, que yo sepa al menos, aunque sí hay como mínimo un par de casos en los que cierto tufo sí que emana.

¿A qué se refiere?

Me refiero, en concreto, en primer lugar, a cuando la familia Roviralta, iniciadora del amianto-cemento en España, procede a ejercer su mecenazgo para con un investigador, cuya exótica y minoritaria tesis, consistía en atribuir una etiología viral a la totalidad de los cánceres, lo que, de haberse confirmado, habría supuesto la consiguiente exoneración del amianto como causa alternativa para algunos tipos de ellos, y en cualquier caso, introduciendo momentáneamente incertidumbre, y retrasando, por consiguiente, una acción eficaz frente a la auténtica causa, cuando la misma ha sido la exposición al asbesto.

¿Nos pueda dar el nombre de la tesis y del investigador? ¿Ha sido reconocido por el resto de la comunidad? ¿Cuándo ocurrió eso que cuenta?

Por “tesis” ha de entenderse hipótesis a confirmar experimentalmente, presupuesto metodológico a partir del cual se diseñan los ensayos para tratar de confirmarlo o de refutarlo. Eso, científicamente, puede ser considerado más o menos atrevido o estrafalario, más o menos conforme a los indicios o evidencias previos disponibles, pero el juez inapelable es siempre la propia Naturaleza interrogada por el investigador, a través de experimentos correctamente diseñados. Un resultado negativo, en Ciencia, no es, por sí mismo, ningún desdoro, pero evidentemente el crédito científico se resiente, en función de una determinada trayectoria profesional. Por eso los investigadores incipientes prefieren acometer de momento solamente investigaciones cuyo resultado, sea el que sea, ha de resultar siempre valioso. En sentido estricto, eso ocurre siempre, pero es obvio que no en todos los casos ello es igualmente manifiesto.

En el caso que nos ocupa, ese apoyo económico se produjo en el año 1935, precisamente cuando se publican los primeros trabajos en los que se establece un nexo causal entre amianto y cáncer de pulmón: Gloyne, Lynch & Smith, y Lanza, Mc Connell y Fehnel. El mecenazgo de los Roviralta es descrito en: Glick & Roca Rosell (1999). Auto-citándome literalmente, una vez más: “una hipótesis que, mientras mantuviera algún predicamento entre al menos una minoría de la comunidad científica, les podría beneficiar, dado que en ese mismo año se publican los primeros trabajos que sugieren un nexo entre amianto y malignidad, como hemos podido ver”.

Y el segundo caso…

El segundo caso, al que he querido referirme es el de la publicación de un trabajo en el que, en el ámbito académico, meridianamente se reconoce la nocividad maligna del amianto. Se trataba de algo tutelado por la Fundación March, cuyos fondos, en una generosa proporción, proceden del amianto.

¿Algo que objetar hata aquí?

Hasta aquí, nada que objetar. Lo malo es que esa publicación coincidiese, en simultaneidad, con la eficaz acción de lobby de la industria española del amianto para conseguir retrasar por nueve años (y estaba previsto que hubieran sido todavía más) la incorporación de nuestro país a la prohibición del asbesto en todas sus variedades, vigente entonces ya en la generalidad de la Unión Europea.

A ver, a ver, con más calma. Amianto, Fundación March, ¿nos explica la vinculación?

El capital fundacional de esa entidad filantrópica, en una generosa proporción, como decía antes, procede de los beneficios originados por Uralita, esto es, por la hegemónica empresa española del amianto-cemento, en cuya propiedad la mencionada familia participaba con el paquete accionarial mayoritario.

¿Y cómo actúa ese lobby para lograr el retraso de la publicación durante nueve años?

Pues, entre otras cosas, consiguiendo que el gobierno español designase como representante suyo ante la Unión Europea, para todo lo relativo al amianto, al técnico, perteneciente a la plantilla de personal de la empresa Uralita, el señor Eustasio Pérez. Si miramos, por ejemplo, a lo ocurrido en Francia en años inmediatamente anteriores, sobre este mismo asunto, veremos que también se habían producido situaciones análogas. Son reiteradas las ocasiones en las que la acción de lobby de la industria del amianto, en diversos ámbitos geográficos, ha logrado frenar leyes que perjudicaban sus intereses, y por encima de cualquier reparo ético, que nunca tuvieron, por lo que se ve.

Se ve, se ve. Le copio de nuevo: “nos ha llevado, como norma general, en el presente texto, a prescindir de tomar en consideración cualquier tipo de estos trabajos epidemiológicos con cohortes, que involucran a la nocividad del amianto en los frenos de emergencia”. ¿Nos explica este comentario con más calma por favor?

Pues porque la publicación de estudios, financiados en la sombra por la industria automovilística, ha proliferado tanto, que es un auténtico desafío llegar a poder separar el grano de la paja. En cambio, hay otros tipos de evidencia, que por su naturaleza quedan exentos de esta “epidemia” de tergiversación, y que resultan perfectamente válidos para dejar debida constancia, sin matices ni relativismos, de la nocividad maligna del crisotilo contenido en los elementos de frenado de los vehículos de tracción mecánica (maquinaria de obras públicas, tractores agrícolas, ascensores, montacargas, automóviles, autobuses y camiones).

 

¿A qué tipos de evidencia se refiere? ¿Son reconocidos como evidentes por los estudios científicos serios?

A la evidencia generada por estudios que no son de índole epidemiológica, como es el caso de los experimentales y de los derivados de la observación clínica.

Le hago ahora una pregunta fuera de guión. ¿No confía usted entonces de los resultados de la ciencia, hablando así, en general? ¿Qué nos queda entonces para tomar pie firme?

Se trata de un problema, que no se limita al caso del amianto, sino que abarca también a otros como es el caso del tabaquismo, del cambio climático, de la actividad farmacéutica, etc. La irrupción de los “institutos” Think Tanks, la proliferación de revistas profesionales, la relajación o inexistencia de controles sobre conflictos de intereses, etc., conforman un panorama en el que la “ciencia a la carta” (“la voz de su amo”), con sus prácticas corruptas, ha venido a enfangar diversos sectores de la actividad investigadora. Las financiaciones ocultas, no siempre pueden ser desenmascaradas. No obstante, hay ciertos indicios, que sí pueden darnos pistas.

Por ejemplo…

Por ejemplo: cuando un artículo lo firman profesionales de la medicina a los que nadie les ha podido detectar ningún vínculo previo con el campo científico de la nocividad del amianto y para los que, después, tampoco se les volverá a ver el pelo para nada semejante. Suelen ser los “acompañantes” en la co-autoría de esos trabajos, en los que el núcleo duro estará formado por uno o varios de “los de siempre”, y que con ese acompañamiento pretenden camuflar su verdadera filiación, que en su caso está ya más que contrastada, por su participación en diversos engendros anteriores, frecuentemente esgrimiendo los mismos mantra, como es el caso, por ejemplo, de la reducida biopersistencia del crisotilo.

No está mal lo que señala, parece casi una investigación detectivesca fuertemente racionalista.

No es, precisamente, el panorama más halagüeño, pero eso es lo que hay.

Vuelvo al libro. ¿La Corte Suprema de Nueva York acusó al profesor Kenneth Donaldson de fraude? ¿Qué hizo este investigador?

No se trataba de una actuación concreta y aislada, sino de toda una trayectoria profesional, dedicada al fraude científico y a la tergiversación generosamente remunerada. Kenneth Donaldson, junto a su inseparable David Bernstein y a Denis Paustenbach, son los indiscutibles campeones mundiales de este tipo de actuaciones gravemente perturbadoras de lo que debiera de ser únicamente la límpida marcha del verdadero progreso científico.

¿Siguen ejerciendo o ya están retirados? ¿Han sido sancionados?

Los antes mencionados siguen ejerciendo. La sanción, en el campo académico, se limita al ostracismo y el descrédito generalizado. En un congreso científico, por ejemplo, estos estigmatizados no pueden alzar la voz sin que se monte “el pollo” correspondiente. Pero usted apunta a una cuestión que tiene su trascendencia. Quienes testifican en falso en un tribunal, y puede llegar a demostrarse, resultan sancionados; sin embargo, cuando estos “expertos” testifican, a través de sus escritos, en un litigio jamás suelen resultar ni siquiera denostados por el tribunal, incluso cuando su juego sucio haya podido quedar al descubierto. Otro tanto cabe decir, respecto de aquellos que en nuestro país, en sede judicial, sustentan afirmaciones, que jamás osarían sostener en el ámbito académico, porque ello les acarrearía la inmediata descalificación de sus homólogos profesionales.

Insistiré en el tema.

Como quiera.

[*] La primeras partes de esta entrevista pueden verse en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=184746, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=185017, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=185205 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=185614 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=185835 y http://www.rebelion.org/noticia.php?id=185989

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras


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